El Comité Olímpico Italiano (CONI) ha solicitado una sanción de dos años para Alejandro Valverde. El fiscal Ettore Torri ha tramitado la documentación del caso al Tribunal Antidopaje del CONI -donde se tomará la decisión final-, a la Unión Ciclista Internacional (UCI) y a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). La suspensión sólo tendría validez en Italia, pero la UCI y la AMA quieren hacerla extensiva a todo el mundo en cuanto se conozca la sentencia definitiva.
Valverde declaró ante el CONI el pasado 19 de febrero. La Fiscalía italiana se había apropiado mediante una comisión rogatoria de las muestras de sangre incautadas en la Operación Puerto, conservadas en el laboratorio de Barcelona. El ADN de Valverde (obtenido en un control en la etapa de Prato Nevoso, territorio italiano, en el pasado Tour) coincide con el de la bolsa número 18, la del nombre en clave Valv.Piti, que contiene restos de EPO. El ciclista proclamó su inocencia, ha disputado el Tour del Haut Var y la Vuelta a Castilla y León desde entonces, y piensa correr el GP Indurain este sábado.
Sin dudas.
Sin embargo, en Italia y en la UCI no existen dudas sobre su culpabilidad. Tampoco tendría que haberlas en España. El fiscal italiano, Ettore Torri: "La sangre de la bolsa número 18 es de Valverde". El presidente de la UCI, Pat McQuaid: "Sólo falta una decisión para intervenir y ampliar su suspensión si lo estimamos oportuno". Los abogados de Valverde alegan que el juez Antonio Serrano, instructor de la Operación Puerto, anuló todas las pruebas obtenidas por el CONI y que el proceso contra su cliente es ilegal. Alejandro Valverde resistirá hasta que le comuniquen una sentencia en firme, pero ya se ha confirmado que su sangre y la de Valv.Piti es la misma.
El CSD emitió una nota para dar su versión
El Consejo Superior de Deportes (CSD) emitió ayer un comunicado oficial para ofrecer su versión sobre el Caso Valverde. En la nota indica que respeta la actuación del CONI, pero que debería ser la Justicia española quien resolviera el proceso. Tras pedir tres veces las pruebas al juez, el CSD y la Federación de Ciclismo están en camino de conseguirlas y abrir los correspondientes expedientes a los corredores implicados. Sin embargo, en el extranjero siempre se ha acusado a España de "inmovilista".
