La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) presentó ayer un escrito al juez Antonio Serrano, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, en el que le solicita la disponibilidad de las pruebas de la Operación Puerto, con el objetivo de poder utilizarlas para incoar expedientes deportivos a los ciclistas y técnicos implicados en este caso, que mantiene desde 2006 en un limbo jurídico a una treintena de corredores españoles. El Consejo Superior de Deportes (CSD) instó a la Federación el pasado 12 de febrero a tomar medidas sancionadoras, tras hacerse público el caso Valverde.

La Federación ha solicitado todas las pruebas posibles: el informe 116 de la Guardia Civil, donde se identifican los nombres de los ciclistas; el informe de toxicología del laboratorio de Barcelona que dirige Jordi Segura, que detectó EPO en ocho bolsas analizadas; muestras de sangre o plasma de las 99 bolsas incautadas a Eufemiano Fuentes y Merino Batres; y otras pruebas documentales.

La RFEC se considera legitimada para contrastar la sangre de estas bolsas con las muestras de las que dispone la Unión Ciclista Internacional (UCI), porque los ciclistas profesionales aceptaron en su día por escrito someterse a análisis de ADN si eran necesarios para aclarar este asunto. La propia UCI ha solicitado varias veces las muestras al juez con la misma finalidad.

Nueva situación.

Antonio Serrano ya denegó las pruebas en una ocasión a la RFEC, pero en la sede federativa entienden que "el escenario es ahora muy distinto, porque el caso se encontraba entonces en plena instrucción, mientras que ahora ya está en espera de fecha para el juicio oral".

La Audiencia Provincial de Madrid dictó el auto de reapertura de la Operación Puerto el pasado 12 de enero de 2009, después de que el juez lo hubiera archivado en dos ocasiones.