En el auto de la juez Patricia Santamaría, de 2013, quedó probado que Eufemiano Fuentes e Ignacio Labarta dopaban para enriquecerse. Pero en 2006 el dopaje no era delito. Se recogió que elevaban “artificialmente el rendimiento” y que eso podía conllevar “infartos” o “daños neurológicos”. En los ‘Hechos probados’ de la sentencia se recogen pasajes como los siguientes.

“Fuentes acompañaba el sistema de extracciones y reinfusiones con la dispensación al ciclista de especialidades farmacéuticas de las que se incluyen en la lista de sustancias y métodos prohibidos (...) principalmente y en la mayoría de los casos eritropoietina (EPO) pero también factores del crecimiento (IGF-1), testosterona, insulina y hormona femenina gonadotropina (hMG)”.

Sobre esas prácticas, se constata que suponían “un importante peligro para la salud del ciclista al suponer la elevación del hematocrito, una mayor viscosidad en la sangre y con ello un superior esfuerzo para el corazón”.

También se recoge que las reinfusiones de sangre tratada (Fuentes y Merino Batres extraían 450 miligramos de sangre y luego la centrifugaban para separar los glógulos rojos del plasma, eran las siberias que se congelaban) eran realizadas en condiciones peligrosas. “Sin cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa sanitaria (...) sin un sistema de identificación de las muestras (...) realizándose todo el procedimiento de una manera clandestina y al margen de cualquier tipo de control” en habitaciones de hoteles, principalmente, se podía leer.

Tyler Hamilton, que fue uno de los ciclistas identificados en los documentos de la Operación Puerto, contó en el juicio que llegó a pagar hasta 50.000 euros al año a Fuentes por las siberias. En 2004 dio positivo por transfusión homóloga, es decir, con la sangre de otra persona.