Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), declaró este martes, tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de entregar las bolsas de sangre y plasma conservadas en la Operación Puerto y contactará con las otras partes que van a tener acceso a ellas para determinar sus opciones legales de analizarlas, que "con la legislación actual sería imposible un caso" como éste.

Cardenal, que se encuentra en París para asistir a la cuarta reunión de la Sport Integrity Global Alliance (SIGA), afirmó que esta sentencia "supone un reconocimiento a la lucha por conocer la verdad que ha llevado a cabo el Gobierno".

"La entrega de las bolsas de sangre a los demandantes va a permitir que lleguemos hasta el fondo de esta cuestión y que, aunque ya sólo se trate de una victoria de orden moral, no haya impunidad para quienes no respetan la limpieza de la competición", agregó el secretario de Estado para el Deporte.

"Hoy estoy reunido con los miembros de SIGA que celebraron su tercer encuentro en Madrid, y todos ellos se han unido a nuestra satisfacción por la pelea que España está librando contra el dopaje, el amaño de partidos y las prácticas corruptas o de mala gobernanza que en otro tiempo caracterizaron a nuestro país", señaló.

"Ahora es momento de analizar con detenimiento la sentencia para establecer nuestra posición con certeza y conocer qué tipo de actuaciones nos corresponde llevar a cabo, pero podemos destacar que, desde el respeto a la totalidad del veredicto judicial, hoy se reconoce el esfuerzo de mis antecesores en el cargo, y el que llevó a cabo el CSD bajo mi mandato cuando se recurrió en 2013 la no entrega de las bolsas de sangre", dijo.

Cardenal cree que "con la legislación actual sería imposible que se diera un caso como el de la Operación Puerto", y precisa: "Además, diez años después, nadie puede dudar de nuestro compromiso y determinación en la lucha contra el este tipo de maniobras".

Siete años después de la intervención policial que descubrió la trama se celebró el juicio en Madrid, en el que fue condenado a un año de prisión por un delito contra la salud pública el médico Eufemiano Fuentes y a cuatro meses el preparador físico José Ignacio Labarta, pero la juez no accedió a entregar las bolsas de sangre intervenidas y ordenó su destrucción cuando la sentencia fuera firme.

Los recursos de las partes han desembocado en la resolución de la Audiencia Provincial conocida este martes, que ha absuelto a los dos únicos condenados pero ha ordenado la entrega de las bolsas a la Federación Española de Ciclismo (RFEC), la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la Unión Ciclista Internacional (UCI) y el Comité Olímpico Italiano (CONI).