¿Qué opina de la sentencia de Operación Puerto? Está lejos de lo que el CSD pedía a través de la Abogacía del Estado, ¿no?

Respeto y acato la sentencia, como no puede ser de otra manera. Pero dicho esto, nosotros estábamos personados como acusación y pedíamos penas más severas y el traslado de las pruebas a las autoridades antidopaje. Esa sigue siendo nuestra opinión, por eso vamos a recurrir.

La comunidad internacional está mostrando un enorme malestar con la sentencia a través de los medios de comunicación, de deportistas y de organismos como el COI y la AMA.

Indudablemente hay una profunda decepción en el mundo del deporte por la sentencia, porque existen evidencias de que un número importante de deportistas utilizaban métodos prohibidos. Que no se sepa quiénes son causa una enorme frustración, que además no responde con lo que es la mentalidad actual. Ahora mismo hay un compromiso real con la lucha antidopaje, esto también lo saben los organismos internacionales. Nadie ha quedado satisfecho con la resolución.

Algunas de estas críticas apuntan al perjuicio que puede suponer esta sentencia para la candidatura de Madrid 2020.

La sentencia no ayuda a la imagen del país, ni al deporte. En el entorno genera frustración saber que hay gente que ha hecho trampas que no está identificada. Vamos a seguir poniendo todos los esfuerzos en conocer esos nombres, y lo vamos a seguir explicando para que todos sepan distinguir que una cosa es el resultado de un juicio, y otra nuestro compromiso como país.

Va a ser complicado...

Hay que explicar las cosas muy bien, y hay que hacerles ver que el deporte español comparte esa misma frustración, y que vamos a continuar poniendo los medios para identificar a esas personas. Tienen que ver que estamos en el mismo barco en la lucha antidopaje, y que sentimos esa misma frustración y sufrimos la misma decepción.

La juez Julia Patricia Santamaría, al igual que antes hizo el instructor Antonio Serrano, ha negado las bolsas de sangre para proteger los derechos fundamentales de los deportistas. Además, uno de los argumentos que utiliza es que la próxima Ley tampoco permite este trasvase de pruebas de lo penal a lo admnistrativo.

No comparto esa consideración. La nueva Ley tiene el visto bueno del Consejo de Estado. Estamos convencidos de que va a funcionar. No vamos a trabajar en una ley para que luego no sirva, no podemos pensar así. Tiene sus límites, sí, pero va a funcionar, y va a mantener el equilibrio entre los derechos fundamentales y el ilícito. Esta Ley tiene que ser el futuro.

El trasvase de pruebas de lo penal a lo administrativo se ha convertido en estos últimos años en el gran problema de la lucha antidopaje. Lo que sí sería frustrante es que los jueces siguieran por ese camino, porque la nueva Ley tampoco les obligara.

Mi reflexión es que no estamos ante una dialéctica entre la Administración y los derechos fundamentales. Nuestra obligación como Administración es proteger a la mayoría de deportistas limpios, su derecho al honor y su derecho a competir en igualdad. Se habla de los derechos del que se persigue, pero quienes están desprotegidos son los deportistas que compiten limpios. Una sentencia como ésta les pone en una situación muy complicada. Además, no ceder las bolsas de sangre también significa que hay gente compitiendo que no ha sido honesta, y que está privando de esos derechos a quienes sí lo han sido.

Resaltar los derechos de los deportistas limpios es un buen enfoque, ¿pero llegará ese mensaje a los jueces?

Vamos a recurrir la sentencia en ese sentido y estoy convencido de que el mensaje tiene que llegar. Con la nueva Ley, habrá que tener también charlas donde expliquemos esa necesidad y hacer una campaña de concienciación de los jueces. Tiene que funcionar, porque lo contrario nos obligaría a valorar que se tipificara como delito el dopaje del deportista (en Italia lo es), y no parece que sea lo más deseable.

Ahora los recursos seguirán alargando el proceso... La justicia penal lleva otros tiempos, ese es otro problema que habría que resolver.

La justicia deportiva exige celeridad. Es evidente que tiene que ir más rápido, y la nueva Ley también se ocupa de eso. Hay que hacer compatibles los derechos de los ciudadanos con esa celeridad.